Panel: "Acceso a la información y los desafíos contemporáneos para la implementación de los marcos legales vigentes en las Américas"

Este panel se desarrolló durante el evento: El acceso a la información como elemento clave para la buena gobernanza y la protección y promoción de los Derechos Humanos, en el marco de la celebración del III Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información,  organizado por la UNESCO, en alianza con la Universidad de los Andes, la Procuraduría General de la Nación de Colombia, la Secretaría de Transparencia de la  Presidencia  de  la  República  de  Colombia  y  otras  entidades  aliadas  internacionales,  regionales  y nacionales.

Participantes: Olivia Sohr, Socióloga, periodista y coordinadora de Proyectos Especiales de Chequeado (Argentina); Alina Semo, Ombudsman para la Ley de Acceso a la Información de EEUU; Fabiano Angélico, periodista especialista en Acceso a la Información (Brasil); Gabriel Delpiazzo, Presidente, Unidad de Acceso a la Información Pública, Uruguay; Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional, Organización de Estados Americanos (Perú); Pedro Vaca, Director Ejecutivo, Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia).

La  ponencia principal estuvo a cargo de Alina Semo, quien hizo un recorrido histórico por el desarrollo de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, que desde 1967, ha otorgado al público el derecho de solicitar acceso a los registros de las agencia federales, obligadas a divulgar cualquier información solicitada, a menos que esté incluida en una de las nueve excepciones que establece ese país. Habló también sobre el rol que desempeña la Oficina del Defensor del Pueblo de la Ley Federal de Libertad de Información, ente encargado de velar por la ley y sus principios y se refirió a los retos que enfrenta la implementación de la ley en su país.

El panel estuvo moderado por Fabiano Angélico. Como punto de partida se hizo una breve explicación por parte de Dante Negro sobre lo que es la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos, que fue aprobada en el año 2010.

Una Ley Modelo es un instrumento jurídico internacional, no es un instrumento vinculante; sin embargo en la manera como se construyen con la participación no solo estatal, si no de muchos operadores internos de los países, y también el de la sociedad civil, refleja estándares muy altos y muy importantes, que luego se espera que los países la tomen como referencia para la implementación interna de legislación al respecto. La Ley modelo ha sido replicada en muchos de los nuevos desarrollos a nivel de los países de la región. En los últimos 5 años países como Argentina, México, Paraguay y Colombia, adoptaron leyes o revisiones a sus propias leyes en materia de acceso a la información pública y muchos de ellos tomaron estos estándares interamericanos que ya habían sido incluidos en la Ley Modelo de 2010.

En el año 2017 la asamblea general de la OEA, decidió que había llegado el momento de revisar la Ley en mención; en una versión llamada Ley modelo 2.0, y poder incorporar así los nuevos retos y desafíos que se fueron presentando con la ley interamericana en aquel entonces.

 A continuación se plantea el interrogante sobre los retos que se encuentran para implementar esa ley de acceso; a lo que Gabriel Delpiazzo responde que sin duda el tema de indicadores calza perfecto cuando se habla de desafíos por delante porque los países de Latinoamérica tienen 10, 15 o menos años de implementación y es un deber tener indicadores concretos para saber dónde se está parados. En el caso Uruguayo los indicadores son bastantes débiles porque la ley de acceso a la información pública prevé que el órgano garante reciba la información de declaraciones de los organismos controlados. Se está trabajando en una plataforma tecnológica, que se traduce en tener un sistema de solicitudes de información en línea; en el que el ciudadano sin necesidad de acudir a cualquier punto pueda solicitar información, y donde pueda hacer el seguimiento de su solicitud también en línea y así obtener la respuesta en su celular. Esa es la forma de masificar el derecho a la información que también le permite al órgano controlador tener indicadores precisos. Y el objetivo de esto también es llegar a tener un índice regional de transparencia.

Por otro lado se pone en la mesa de discusión una segunda pregunta sobre las debilidades más grandes que se encuentran. Olivia Sohr, menciona que uno de los grandes desafíos es la calidad de la información, muchas veces no sirve porque está incompleta o no tiene lo que se necesita; pero tiene que ver con la forma cómo el estado la recopila y como la archiva. Hay un problema de la calidad y de la relevancia, se ha puesto mucho foco en la cantidad de información sobre todo en el tema de la transparencia pero muchas veces no es la información que necesitan los ciudadanos o periodistas para ejercer sus derechos.

Por su parte Pedro Vaca, dice que sigue habiendo un límite del poder, más allá de los estándares de acceso a la información, en el momento que alguna entidad o funcionario tiene un documento y puede poner en riesgo un poder aliado, lo piensa. No tiene ningún sentido que haya ese aquelarre de normativas que pretenden regular las redes sociales en la región, al mismo tiempo que se está pidiendo que haya acceso a la información, porque no solo es acceder, sino poder difundir u opinar sobre ella, plantear asuntos públicos y de liberación y ahí la armonización con otros referentes normativos, leyes de inteligencia, leyes de seguridad nacional pero es un puente que aún no está muy bien elaborado. Y estando a portas de una Ley Modelo 2.0 se debe reconocer que hay muchas cosas que aún no han pasado con la ley actual; la primera es que la transparencia y el acceso a la información cuesta dinero y el estado debe entender que tiene que poner recursos a las entidades públicas para que lo cumplan. Lo segundo es que cuando las cosas van mal al interior del estado en lugares donde ya hay leyes de acceso a la información, hay que tomar acciones y lo otro es que al final los funcionarios y la ciudadanía necesitan incentivos para facilitar el acceso a la información.

Como conclusión se recoge que hay exceso de información, pero la información clave e importante muchas veces no está; todo el tiempo se está hablando del acceso a la información como una herramienta potente que lucha contra la corrupción, que promueve los derechos humanos, que permite la buena gobernanza pero no se puede tener expectativas muy altas porque al cabo de un tiempo la gente se frustra y por otro lado está el tema de la información relevante que es clave; muchas veces los gobiernos dicen que tienen gran cantidad de información, que responden miles de solicitudes pero aquel dato que es transformador para la lucha contra la corrupción no está.

Otro asunto planteado por los panelistas es la información que tienen los órganos extra estatales, como partidos políticos, sindicatos, Ong´s, organismos internacionales, y también el impacto de algunas actividades del sector privado, vistas como relevantes y que pudieran ser objeto de la ley de acceso a la información, aunque no sean parte del estado. Si los retos del estado ya son muy grandes, cómo serán los retos para recoger la información en los órganos extra estatales.

Al respecto de lo anterior, Dante Negro dice que es difícil generalizar, el impacto que puede tener la actividad de un sindicato, de un partido político o de un sector privado es muy distinto; entonces eso permite pensar en regímenes jurídicos distintos para los sujetos a los cuales se están refiriendo. Una de las grandes críticas que se hace al esfuerzo por incluir nuevos sujetos obligados, es el tema de la no obligación directa por no tener un interés público y porque de alguna manera se piensa que puede ser una forma para vulnerar ciertos aspectos internos o que no deberían salir a luz pública, pero el sistema jurídico también brinda una serie de garantías, como el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales y muchas otras que vienen a salvaguardar a estos eventuales sujetos obligados.

Gabriel Delpiazzo complementa y asegura que el gran desafío ya no está en seguir aprobando o reformando las legislaciones del acceso a la información pública, los desafíos están en la implementación y en el cumplimiento de lo que hoy se tiene, una cosa no quita la otra y una mejora que se ha visto en la región es el alcance subjetivo de la ley de acceso a la información pública; hay muchos casos de países que sí alcanzan a sujetos privados por su actividad de interés público, sobre todo tantas organizaciones no gubernamentales que administran fondos públicos y hay que tener en cuenta que lo íntimo debe ser celosamente protegido y que lo público debe ser altamente transparentado y en el medio hay una zona gris que es lo privado y que puede admitir el escrutinio público por la actividad de lo privado.

Finalmente Alina Semo menciona como en los Estados Unidos el sector privado no está sujeto a la ley de acceso a la información, están bajo algunas excepciones; el gobierno recauda mucha información que son secretos comerciales, información empresarial, y trata de trabajar muy de cerca con el sector privado cuando llegan solicitudes de esa de información, para asegurarse que la está protegiendo adecuadamente y le dan la oportunidad de tener una voz y decirles qué valor tiene esa información y qué tendría que protegerse y revelar; eso no significa que el solicitante no pueda perseguir una vía administrativa y no pueda llevarlo ante los tribunales.